A tres años de la pandemia, hace bien el editorial del 20 de marzo de El Nuevo Día en reconocer que «Los trabajadores de la salud, sumamente expuestos al contagio, demostraron un compromiso y profesionalismo que salvó muchas vidas.»
Sin embargo, ausente queda la autocrítica de la prensa en el cumplimiento de su deber social de informar, no como un interés corporativo comercial, sino como comunicadores fiables de información científica durante una emergencia de salud pública en una sociedad democrática. La prensa debe ratificar su compromiso con la verdad, aunque la verdad no venda.
No hay más que repasar los titulares de la prensa durante la pandemia —incluyendo a El Nuevo Día— para detectar una agenda alarmista afín con sus intereses corporativos de venta, una agenda más propia de prensa amarillista. La selección de «expertos» confirman un sesgo editorial necesitado de autocrítica. Denominaron «doctores» a estudiantes graduados excesivamente remunerados; sobrevaloraron la opinión de estadísticos sin peritaje epidemiológico —que ya nos habían fallado con proyecciones erradas en Maria— que nunca reconocen su error cuando sus proyecciones alarmistas no se cumplen; dieron prominencia a fuentes fatulas —como los defuntos cosacos— para socavar la credibilidad de las cifras oficiales de las estadísticas de salud. La agenda de socavar la confianza de la opinión pública en las cifras oficiales y contrastadas del DS es una amenaza contra la seguridad de todo un pueblo.
Personalmente, fui un trabajador de la salud «expuesto al contagio», pero también a uno distinto al de COVID-19. Me refiero al contagio del servidor público de carrera —a quien la prensa irreflexivamente considera «funcionario» de gobierno— contra quien la prensa se ensaña por aceptar la solicitud de asistencia técnica a un experimentado médico epidemiólogo que le hace un Secretario de Salud. Acepté esa encomienda bajo las condiciones de estricta autonomía científica, lealtad profesional sin lealtad partidista y sin recibir compensación económica alguna.
Todavía recuerdo la primera conferencia de prensa donde fue cuestionada la ¿ética? de mi contrato de servicios voluntarios. Claro que no soy ni ingenuo ni ignorante de la realidad puertorriqueña. Otros han utilizado el subterfugio de servicios voluntarios para enriquecer a familiares y amigos. Y estaba muy consciente de la corrupción que empaña y ha empañado a la actual y a otras administraciones de turno. Sin embargo, como médico, debo atender a pacientes con putrefactas excreciones. En este caso, el paciente es la comunidad, el pueblo de Puerto Rico, no importa la putrefacta corrupción de la administración política de turno.
Cuando yo defendía (y defiendo) las cifras oficiales y contrastadas del Departamento de Salud (DS), no lo hacía por encubrir datos ni por lavarle la cara al DS (como una vez irrespetuosamente me acusó un cosaco), sino porque me consta la integridad y el sacrificio de los servidores públicos de carrera en el DS que depuran las estadísticas oficiales. También lo hice y lo hago porque independientemente he confirmado la fiabilidad de esos datos, con todos los defectos que inevitablemente contiene todo banco de datos epidemiológicos según se completan y depuran. Mi experiencia con sistemas de vigilancia epidemiológica en EE.UU. e internacionalmente avalan esa opinión profesional.
Tampoco soy ingenuo para negar que algún epidemiólogo funcionario de gobierno anteriormente haya intentado encubrir la realidad, como lo fueron los brotes de leptospirosis post-María y los inicios de la pandemia COVID-19 en Puerto Rico. El escepticismo de la prensa ante mi nueva gestión estuvo justificado, no así atribuirme lealtad partidista a la administración de turno. He trabajado con todas las administraciones, rojas y azules, y siempre he mantenido mi objetividad e integridad científica. Cuando se viola ese acuerdo profesional, lo denuncio, como así lo hice.
El editorial citado hace caso omiso de una cifra muy significativa: las defunciones por COVID-19 en PR han sido proporcionalmente mucho menor —casi 50% menor— que en el resto de las jurisdicciones estadounidenses. Eso no se debe a un subregistro diferencial. Ningún sistema de vigilancia epidemiológica es perfecto y en todos existen sesgos de selección y de información. Nuestros sistemas de vigilancia son comparables a los del resto del mundo. Esa diferencia se debe a que en PR la demora inicial de reconocer el peligro de la pandemia no tuvo mayor consecuencia y fue sucedida por estrictos protocolos de medidas salubristas de distanciamiento social y, eventualmente, por una exitosa campaña masiva de vacunación, medidas de prevención que no se politizaron (como ocurrió en los EE.UU.). Como bien indica el editorial, Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con los trabajadores de la salud, tanto en el sector público como en el privado, que por su sacrificado esfuerzo lograron prevenir tantas muertes. Aun así, duele ver como continúan muriendo adultos mayores que no han recibido o completado su ciclo de vacunación contra COVID-19. Y queda la pena del rezago académico producido por innecesarias clausuras de escuelas, resultado de: i) pautas generales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) adoptadas irreflexivamente en PR, y ii) por dar mayor peso a opiniones de «expertos» alarmistas y de un grupo de jóvenes profesionales puertorriqueños —bien intencionados, pero inexpertos— a quienes se les entregó una responsabilidad ministerial que le correspondía al DS.
Ha sido muy alentador observar que periodistas recientemente acudan a las cifras oficiales y soliciten la opinión contrastada de expertos epidemiólogos del DS para informar la situación epidemiológica del país. ¡Enhorabuena! Estoy consciente de que los periodistas no determinan los titulares de sus noticias y que laboran en un entorno muy competitivo. A la inmensa mayoría de ellos y de ellas, mi más profundo respeto y agradecimiento por su gestión de servicio al pueblo de Puerto Rico.
Vivir alertas, pero no alarmados. Ese fue mi lema ante los medios de comunicación durante mi estancia en el DS. Así, cuando surja una verdadera alarma, será escuchada y creída, sin causar daño innecesario a la salud mental de todo un pueblo.
José Becerra, MD, MPH, FACPM
Atlanta, GA and San Juan, Puerto Rico
Retired Centers for Disease Control Medical Epidemiologist
Adjunct Associate Professor of Epidemiology and Biostatistics
Graduate School of Public Health, Medical Sciences Campus
University of Puerto Rico
